Hacienda propone figura de “colaboración sustancial” para perseguir delitos tributarios

La última reunión entre los partidos políticos y las autoridades de Hacienda con el objetivo de acordar un pacto fiscal se desarrolló en doble tanda este jueves.

Entre las 11.00 y 13.00 horas, la mesa se analizó en detalle las medidas para reforzar el cumplimiento tributario de los contribuyentes, que incorpora mecanismos para combatir la evasión y la elusión, controlar la informalidad, y la modernización de los organismos fiscalizadores en materia de impuestos.

Con estas medidas, Hacienda buscaría recaudar un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

En el documento final no se incluyó el debate sobre medidas para controlar la evasión y la elusión, tema donde si bien hay consenso, sigue habiendo reparos de la derecha con el “denunciante anónimo” y la aplicación administrativa de la Norma General Antielusiva.

Según la presentación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, el primer pilar se relaciona con la modernización de entidades como el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería General de la República (TGR), Aduanas y los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA).

¿Cuáles? Mejorar los procesos de notificación a través de correo electrónico; que el SII pueda fiscalizar a contribuyentes en áreas geográficas distintas (multijurisdicción); y la crear el expediente electrónico para los TTA, Aduanas y la TGR, por citar algunas.

Otro pilar se denomina “actualización de normas sobre cumplimiento tributario”, que contempla modificar la figura del levantamiento del secreto bancario con fines fiscales, para que sea el contribuyente quien deba oponerse al proceso, y no la administración tributaria pedir la autorización a tribunales como ocurre hoy. También, se hará expedito el levantamiento por requerimientos de organismos fiscales extranjeros.

Denunciante anónimo

En el pilar “justicia y equidad tributaria”, Hacienda incorporó políticas para combatir la evasión y para prevenir y controlar el uso de los resquicios legales para eludir las obligaciones tributarias.

Bajo este último paraguas, la cartera informó que insistirá en la figura del “denunciante anónimo”, que contempla beneficios para personas que denuncien esquemas para defraudar al Fisco.

La idea es replicar el modelo aplicado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en delitos contra el mercado de valores, pero se reiteró que se incorporarán contrapesos para sancionar denuncias maliciosamente falsas, en línea con lo solicitado por la oposición y los empresarios.

Una novedad aquí es que Hacienda propuso incorporar la figura de la “colaboración sustancial” en la persecución de delitos tributarios.

¿La idea? Ser un elemento que permita no ejercer la sanción penal u obtener una rebaja en la pena. Eso sí, los involucrados no estarán eximidos de pagar los impuestos adeudados al Fisco.

Además, se crea un nuevo delito para quien, sin justificación económica, disminuya su pasivo con el objetivo de frustrar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Esto, cuando se hubiese iniciado un procedimiento administrativo o judicial por parte del SII.

Norma antielusiva

Hacienda también insistirá en la aplicación administrativa de la Norma General Antielusión (NGA). O sea, que su uso sea definido directamente por el SII, sin pasar por el TTA como ocurre actualmente.

Pero el Ejecutivo se abrió a matices. Por ejemplo, se incorpora un Consejo Asesor Consultivo (externo) que deberá emitir una opinión sobre si las operaciones sometidas a su conocimiento tienen o no razonabilidad económica.

También se regula la situación cuando, en una serie de actos constitutivos de elusión, alguno de ellos aplique una norma especial, permitiendo al SII aplicar la norma general al conjunto de los actos. Así, se salvaguarda que a un mismo hecho no puede aplicarse más de una norma elusiva.

Otro ajuste es que se reincorpora como límite para la aplicación de la norma general que las diferencias de impuesto sean superiores a 250 UTM, a menos que la consecuencia de la aplicación de la norma no implique un pago de impuestos sino una baja de una pérdida tributaria.

Acuerdos y disensos

Como se anticipaba, Hacienda publicó un documento resumiendo los temas abordados en las reuniones con los partidos, estableciendo los acuerdos y disensos entre las partes.

Así, hubo acuerdo transversal sobre los gastos a financiar con el pacto fiscal (pensiones, salud, seguridad y protección social), pero se solicitó incorporar a educación como un rubro estratégico.

También se apoyó la creación de una Agencia de Calidad de Políticas Públicas y avanzar en descentralización fiscal. En este último punto, se pidió fortalecer los mecanismos de control, rendición de cuentas y transparencia para los Gobiernos Regionales.

El respaldo se repitió para agilizar los proyectos de inversión regionales, las medidas de regulación y participación de la sociedad civil, y avanzar en transparentar el empleo público y dotación de personal.

El apoyo fue evidente, además, a la agenda para agilizar los permisos sectoriales, pero no hubo acuerdo respecto al organismo que reemplace al comité de ministros, sea un nuevo órgano o el SEA.

Los incentivos fiscales para la inversión fueron valorados, pero hubo disenso sobre la Tasa de Desarrollo y el Impuesto de Primera Categoría.

Finalmente, se visaron las medidas para reducir la informalidad de la economía, pero se pidió establecer un impuesto negativo al ingreso y modernizar actuales incentivos al empleo formal.